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Cuánto le cuesta a un país el consumo de bebidas azucaradas

 

Por: Martha Mutis

Salubrista pública, especialista en Calidad de la Salud, consultora en educación en salud y salud urbana

Twitter: @tata_mutis

Una de las dificultades más grandes que han encontrado los salubristas públicos a lo largo de las últimas décadas ha sido poder demostrar el impacto de las bebidas azucaradas en la productividad de un país, más allá del concepto convencional acerca de su impacto en la salud individual y colectiva de los ciudadanos. De igual manera, no ha sido fácil vincular la ingesta de bebidas azucaradas (SSB por sus siglas en inglés) con el impacto económico, porque son pocos los estudios que demuestran en el país o la región su verdadera influencia en los costos que se derivan de estos productos artificiales. Pero si se pone como base la declaración científica que realizó la American Heart Association (AHA) en el 2009, podríamos partir de ese documento para vincular las bebidas azucaradas con los costos en salud que se generan por obesidad y enfermedades crónicas. La declaración científica de la AHA recomendaba que Estados Unidos redujera la ingesta de azúcar agregada a no más de 100-150 kilocalorías (Kcal) por día para cada estadounidense, y vinculaba las bebidas azucaradas con la creciente pandemia de obesidad y enfermedades crónicas relacionadas (Johnson et al., 2009, p. 1011). De esta forma, esta declaración, como otras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias organizaciones profesionales, identifican las bebidas azucaradas (SSB) como la principal fuente de azúcares agregados en la dieta estadounidense, con incidencia económica directa en enfermedades crónicas y, por ende, en la economía de Estados Unidos (Johnson et al., 2009, p. 1012-1013).

En ese contexto, en la economía de la salud se describen dos tipos de costos que podrían estar asociados con el tratamiento de la obesidad y otras afecciones relacionadas con la obesidad, y estos son costos directos e indirectos. Los costos directos incluyen los de la dieta y la inactividad, como servicios de salud para pacientes ambulatorios y hospitalizados, cirugías, pruebas de laboratorio, pruebas radiológicas, terapia con medicamentos, y los asumen no sólo los individuos sino las empresas y los gobiernos (Seidell, 2006, p. 506-507). Los costos indirectos están más relacionados con los salarios, los seguros o el valor del trabajo, como cuando la obesidad se ha asociado con salarios e ingresos familiares más bajos, o cuando los empleadores pagan primas de seguro de vida más altas, o pagan más por las compensaciones hechas a trabajadores con algún tipo de sobrepeso. De esta manera, las empresas pueden terminar pagando más por aquellos trabajadores que puedan faltar al trabajo por sus posibles complicaciones de sobrepeso, o por el control que le deben brindar a sus enfermedades crónicas relacionadas con un alto consumo de azúcares y bebidas azucaradas (Trogdon, 2008, p. 489-490).

Al abordar este tipo de costos en Estados Unidos, ha sido interesante descubrir que, según citas referidas al país, el refuerzo de dietas más saludables podría evitar el gasto de al menos $87.000 millones de dólares al año al reducir costos médicos, minimizar la baja productividad y disminuir la pérdida de vidas (Frazao, 1999, p. 302), mientras que si todos los estadounidenses físicamente inactivos se volvieran activos, ahorraríamos $ 65.000 millones de dólares (ajustado al valor del dólar en 2020), entendiendo que las enfermedades crónicas son responsables de más del 75 % de los costos de atención de la salud (Pratt, Macera & Wang, 2000, p. 64). De manera complementaria, se estima que los gastos de atención médica de Estados Unidos atribuibles al sobrepeso y la obesidad oscilan entre $ 147 y $ 190 mil millones o 9,1-12 % de los costos totales de atención médica por año, y es  esperable que los costos médicos anuales aumenten en un 25 % para 2030, debido al envejecimiento de la población estadounidense (Cawley & Meyerhoefer, 2012, p. 219; Finkelstein et al, 2009, p. 825).

Otros aspectos interesantes relacionados con los costos de la obesidad y la ingesta de bebidas azucaradas ha sido cómo la industria de las aerolíneas ha gastado $ 275 millones de dólares adicionales al año en combustible para aviones, debido al peso extra que los estadounidenses adquirieron durante la última década, y cómo los costos en salud y compensaciones de los empleados de General Motors aumentaron de $ 2.225 a $ 3.753 dólares por año con el incremento del índice de masa corporal (IMC) de sus empleados (Wang, 2003, p. 183; Dannenberg, 2004, p. 264). En este mismo contexto, los empleadores estadounidenses pagan un promedio de $ 4.410 dólares más por año para los empleados que tienen diabetes tipo II, que para los beneficiarios que no tienen esta enfermedad crónica, entendiendo que para principios del siglo XXI, el promedio de costos de atención médica para una persona con diabetes era de más de $ 13.000 dólares por año en comparación con los $ 2.500 dólares anuales que se invertían para una persona sin diabetes (Ramsey, 2002, p. 23-24).

En Colombia, una de las mejores fuentes del contexto de bebidas azucaradas en el país ha sido el Ministerio de Salud y Protección Social, institución que en el 2016 confirmaba que “el 81,2 % de los colombianos consume gaseosas o refrescos frecuentemente, y el 22,1 % lo incluye en su alimentación diaria, siendo su consumo más frecuente en hombres en la región central y en Bogotá” (Minsalud, 2016, p. 1). De igual manera, Minsalud Colombia estima que el 6,8 % del total de muertes en el país está relacionado con enfermedades cerebrovasculares, y de esa cifra el 5 % es atribuible a bebidas azucaradas; como también que de ese total de muertes el 3,4 % es consecuencia directa de la diabetes, y de esta estadística, el 13 % tuvo como causa directa el consumo de bebidas azucaradas.

Mi reflexión actual me permite recomendar a todos aquellos que estemos envueltos en programas o estrategias de salud pública para disminuir enfermedades crónicas en nuestras poblaciones, o para liderar políticas públicas que permitan reducir la ingesta de productos azucarados, que busquemos más información y estadísticas desde el ámbito económico para demostrarles a los tomadores de decisiones nacionales y regionales que cuando hablamos de no regular el consumo de bebidas azucaradas, directa o indirectamente también estamos afectando los  bolsillos del sector empresarial y productivo del país.

Referencias

Cawley J, Meyerhoefer C. (2012). The medical care costs of obesity: an instrumental variables approach. J Health Econ, 31, pp. 219-30.

Dannenberg AL. (2004). “Economic and Environmental Costs of Obesity: The Impact on Airlines”. American Journal of Preventive Medicine, 27, p. 264.

Johnson, R.K., Appel, L.J., Brands, M., Howard, B.V., Lefevre, M., Lustig, R.H., Sacks, F., Steffen, L.M., Wylie-Rosett, J. (2009). American Heart Association Nutrition Committee of the Council on Nutrition, Physical Activity and Metabolism. Council on Epidemiology and Prevention Dietary sugars intake and cardiovascular health: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation, 120, pp. 1011–1020.

Finkelstein, E.A., Trogdon, J.G., Cohen, J.W., Dietz, W. (2009). Annual medical spending attributable to obesity: payer-and service-specific estimates. Health Aff (Millwood), 28, pp. 822-831.

Frazao E. (1999). “High Costs of Poor Eating Patterns in the United States”. In America’s Eating Habits: Changes and Consequences. Edited by Elizabeth Frazao. Washington, D.C.: Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, 1999. Agriculture Information Bulletin, 750, pp. 5-32.

Ministerio de Salud y Protección Social. (24 de octure de 2016). Enlace Salud: Boletín electrónico para los actores del sistema de salud en Colombia, 85. Recuperado de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/Enlace-minsalud-85-impuestos-saludables.pdf.

Pratt M, Macera CA, Wang G. (2000). “Higher Direct Medical Costs Associated with Physical Inactivity.” The Physician and Sports Medicine, 28, pp. 63-70.

Ramsey S, (2002). “Productivity and Medical Costs of Diabetes in a Large Employer Population”. Diabetes Care, 25, pp. 23-29.

Seidell J.C. (2006). Epidemiology and health economics of obesity. Medicine, 34 (12), pp. 506-509.

Trogdon JG, Finkelstein EA, Hylands T, Dellea PS, Kamal-Bahl SJ. (2008). Indirect costs of obesity: a review of the current literature. Obes Rev., 9, pp. 489-500.

Wang F, et al. (2003). “The Relationship between National Heart, Lung, and Blood Institute Weight Guidelines and Concurrent Medical Costs in a Manufacturing Population”. American Journal of Health Promotion, 17, pp. 183-189.


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